Desde diciembre del año pasado, en Malaui se está desarrollando un tenso debate en torno al colectivo LGBTIQ. Esta controversia está protagonizada por una abrumadora mayoría, que rechaza la aceptación de la homosexualidad, y por una minoría cuya petición consiste en conseguir que se reconozcan los derechos humanos para este colectivo.

En el contexto del debate, el pasado 7 de diciembre, Kelvin Gonani y Cuthbert Kulemela fueron arrestados y acusados de cometer «actos contra natura», un delito penal. El 15 de diciembre, la embajadora estadounidense Virginia Palmer hizo pública una declaración en la página de Facebook de la embajada norteamericana en la que expresaba su preocupación sobre dicha detención. Esta declaración provocó un escándalo público y se culpó a la embajadora de interferir en los asuntos internos de Malaui.

El 19 de diciembre, el gobierno retiró los cargos contra Gonani y Kulemela y prosiguió con una moratoria para las órdenes de arresto contra gais. El 1 de enero, Eric Chamwana y una persona anónima, ambos homosexuales malauís, aparecieron en televisión contando vivencias sobre su orientación sexual. Dos días después, un destacado político malauí pidió supuestamente el asesinato de personas homosexuales.

La situación supone el resurgimiento de un debate candente iniciado ya en 2009 después del arresto y condena de Tiwonge Chimbalanga y Steve Monjeza por celebrar una boda tradicional (pero gay).

La retórica controla el debate, y hasta ahora ha sido difícil conseguir un acuerdo o resolución. Sin embargo, esta vez el gobierno malauí está fomentando un debate constructivo e inclusivo para que la nación tome decisiones informadas.

En el debate, los malauís están considerando la legalización de la homosexualidad en el país, e incluso hay quien piensa que el matrimonio gay debería añadirse a esta ecuación. También se está planteando incluir los nuevos «derechos homosexuales», entendidos como «el derecho de ser y actuar como homosexual». Estas son cuestiones retóricas, ya que ni el mismo colectivo LGBTIQ solicita una nueva ley para legalizar la homosexualidad o los matrimonios gais.

Una minoría de malauís se debate entre si Malaui debería revocar las leyes contra  los gais, que en la actualidad regulan estas identidades, o penalizar las conductas consensuadas entre adultos del mismo sexo. Además, se cuestiona si los derechos humanos comprendidos en el capítulo cuarto de la constitución del país se aplican asimismo a las personas LGBTIQ, es decir, si tienen el mismo derecho a la educación y a la sanidad como el resto de malauís.

Estos debates peculiares son tan únicos en su singularidad que no se pueden dirigir como uno solo. Por ejemplo, la cuestión de si la homosexualidad debería ser legalizada no responde a la pregunta de si las leyes contra las personas gais habrían de derogarse. De forma similar, la distinción entre «derechos humanos para las personas LGBTIQ» y el falso «nuevos derechos homosexuales» es vital para distinguir entre argumentos importantes y retóricos. Estos últimos se deberían descartar para logara un debate relevante cuyo propósito sea llegar a un acuerdo o resolución.

 ¿Interferencia occidental?

El escándalo público tras la declaración de la embajadora Palmer en Facebook revela el mito que sigue prevaleciendo en África según el cual los occidentales están imponiendo los «nuevos derechos homosexuales»en el continente.

La embajadora Palmer señaló tres puntos fundamentales en su escrito: defendió que los derechos de las personas LGBTIQ son derechos humanos; que este colectivo no debería ser objeto de ningún tipo de discriminación y que el gobierno retirara los cargos sería una acción acorde con las obligaciones internacionales en cuestión de derechos humanos.

Como respuesta, algunos malauís argumentaron que los actos homosexuales eran delitos contra la cultura y la religión del país. Algunas personas incluso llegaron a exigir que la embajadora abandonara el país.

Aunque «derechos homosexuales» es un término reciente en Malaui, lo que la embajadora Palmer sugirió es que como el país tiene una constitución con una ley sobre derechos, es importante que estos incluyan también a las personas LGBTIQ.

En la práctica, propuso que Malaui reconociera los derechos de este colectivo: el derecho a la sanidad, a la educación, a la intimidad, a la dignidad y a la igualdad. También insinuó que penalizar las conductas consensuadas entre adultos del mismo sexo es un obstáculo a esos derechos.

A menos que temas similares no hayan sido señalados también por malauís, es incorrecto acusar a la embajadora de imponer nada a Malaui.

La política (real) de Malaui en derechos LGBTIQ

La mayoría de malauís creen que, como país, no se debería comprometer en cuestiones de homosexualidad. Sin embargo, desde hace una década, la política del gobierno en este tema ha sido progresista.

En 2003, el primer gobierno democrático desarrolló la ley nacional sobre sida, en la que se detallan qué mecanismos deberían ponerse en práctica para prevenir esta enfermedad en personas que tienen relaciones homosexuales. En el plan estratégico nacional sobre VIH y sida (2011-2016) se creía que la penalización de la homosexualidad era una barrera para la resolución de estas enfermedades. El plan nacional actual (2015-2020) tiene por objetivo revisar este tipo de leyes.

No es una coincidencia que autoridades públicas hayan hablado a favor de los derechos LGBTIQ. En 2009, después de la supuesta boda de Chimbalanga y Monjenza, el secretario principal y responsable de la política sobre VIH y sida afirmó que proteger los derechos de las personas homosexuales es necesario para responder con efectividad al VIH y SIDA.

En 2012, la presidenta de Malawi, Dra. Joyce Banda, propuso la revocación de las leyes contrarias a los homosexuales. Ese mismo año, el ministro de justicia anunció una moratoria en las detenciones de personas por homosexualidad.

En 2014, el subfiscal general informó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que las restricciones financieras estaban paralizando los planes del gobierno para revisar este tipo de leyes. En 2015, la prensa recogió que el fiscal general del estado afirmó que las personas homosexuales tenían derecho a la sanidad.

Los donantes (de ayuda a Malaui) muestran su preocupación ante los derechos para las personas LGBTIQ, pero los argumentos que esgrimen no son diferentes de aquellos que el propio gobierno emplea en sus políticas y estrategias ante el VIH y el sida.

La complejidad de las identidades LGBTIQ

Términos como gay, homosexual, LGBT o LGBTIQ son inadecuados para describir a aquellos que se definen a sí mismos como separados de la norma sexual en Malaui. Allí no hay terminología para la sexualidad o la homosexualidad. El significado de homosexualidad, LGBT o LGBTIQ depende de las (malas) interpretaciones de cada persona. Así pues, los significados varían para distintos malauís. Muchos asocian la homosexualidad con el sexo anal no consentido que incluye al menos un hombre adulto. Es raro que se asocie con relaciones consentidas, no sexuales o amor.

Sin embargo, las sexualidades que infringen la norma heterosexual en Malaui son complejas. Hay personas LGBTIQ que mantienen relaciones con alguien de su mismo sexo. Algunos ni siquiera las tienen. Otros disfrutan de una vida sexual heterosexual, pero prefieren vivir como alguien del género opuesto. Algunos mantienen relaciones con hombres y mujeres por igual. Otros transgreden las normas heterosexuales. Algunos las cuestionan por cuestiones biológicas o médicas, como las personas intersexuales.

Esta complejidad de identidades y prácticas requiere prudencia para no generalizar sobre las personas que son objeto de una persecución que debería ser condenada por completo y que, en ocasiones, involucra a otras personas por accidente.

 La homosexualidad como delito

En Malaui, la homosexualidad es un delito según los artículos 137, 153 y 156 del código penal. Las relaciones entre individuos del mismo sexo están prohibidas por la ley de matrimonios, divorcio y relaciones familiares.

En gran parte del debate que rechaza la homosexualidad se argumenta que este tipo de relaciones son ajenas a la religión o la cultura de Malaui. Es importante reflexionar sobre si de verdad la homosexualidad es algo extraño en el país, ya que, de hecho, la historia de la homosexualidad es muy extensa. La palabra chichewa para sexo anal (mathanyula) ha influido en palabras de países vecinos como resultado de la migración precolonial.

En cuanto a los argumentos religiosos, es difícil imaginar un mundo donde todo lo que vaya en contra de la religión justifique detener o encarcelar a alguien. Por ejemplo, ¿defenderían los ciudadanos largas condenas en prisión por beber alcohol, fumar tabaco o tener sexo antes del matrimonio?

La religión promueve la compasión y el amor incluso hacia los supuestos pecadores. Es el caso del catecismo católico, en el que se enseña que los homosexuales han de ser aceptados con respeto y debe evitarse la discriminación. La religión, por tanto, no apoya el castigo y la condena de las personas LGBTIQ.

De la misma forma, cuesta imaginar que tales sanciones se aplicaran a la cultura. ¿Qué criterios se usarían para elegir la desviación cultural que se penalizaría? El filósofo humanista malauí uMunthu defiende la integración y la compasión. Por ejemplo, Tiwonge Chimbalanga convivía con su comunidad local hasta que la ley dijo que ella era una criminal. La penalización era innecesaria en las culturas de Malaui hasta que las leyes penales coloniales fueron introducidas.

Se ha debatido largo y tendido sobre la homosexualidad en Malaui. Sin embargo, a diferencia de la creencia popular, las políticas  y estrategias del gobierno malauí en torno al VIH y al sida llevan apoyando la derogación de las leyes contra los homosexuales desde hace unos diez años.

En Malaui ya sabemos que la mayoría de la población rechaza la idea de una conducta homosexual basada en suposiciones religiosas y tradicionales. Las personas LGBTIQ malauís no piden que se legalice la homosexualidad o los matrimonios gais. Para facilitar un debate constructivo cuyo objetivo sea encontrar una solución sostenible, no deberíamos preguntarnos si una persona en Malaui tiene el derecho de «ser gay» o si se ha de «legalizar la homosexualidad». Lo que tenemos que plantearnos es: ¿tienen derechos constitucionales las personas LGBTIQ? ¿Es el código penal un obstáculo para esos derechos?

Los malauís podemos resolver estas cuestiones con nuestras condiciones. La religión y la cultura nos ofrecen otras alternativas para abordar poco a poco este tema. Y si queremos resultados efectivos y positivos, debemos prescindir del discurso retórico y centrarnos en los aspectos esenciales.

 Alan Msosa es un investigador de la Comonwealth con financiación del gobierno del Reino Unido. El está recientemente estudiando una Grado en Derechos Humanos en el Centro de DD.HH. de la Universidad de Essex. Sus investigaciones analizan como los derechos humanos son comprendidos y aplicados localmente cuando abarcan cuestiones controvertidas como los derechos de las personas LGBT. Para actualizaciones sobre los derechos de las personas LGBTIQ en Malaui, puede seguirle en su  twitter.  

Traducción propia para ÁfricaLGBT gracias a nuestra voluntaria Carla Bataller Estruch. Puedes leer la noticia original en el siguiente enlace:

https://www.outrightinternational.org/content/lgbtiq-rights-debate-malawi?mc_cid=1afd37f2ed&mc_eid=6b3f8ef2e8