Amnistía Internacional publicó el pasado Abril un informe sobre la preocupante situación de las personas LGBTI en el África Subsahariana, titulado “Haciendo del amor un crimen: Criminalización de las conductas sexuales hacia el mismo sexo en el África Subsahariana” (Making love a crime: Criminalization of same-sex conduct in sub-saharian Africa, Amnesty International, April 2013, United Kingdom), y que puedes consultar en el siguiente enlace.
El informe proporciona un análisis del medio legal y del contexto más amplio de las violaciones de los derechos humanos contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en el África Subsahariana. Los últimos años han visto incrementadas las denuncias de gente que ha sido acosada, marginada, discriminada y atacada a causa de su orientación sexual real o supuesta o su identidad de género. Y esto está ocurriendo en países cuyos sistemas legales aún mantienen la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, y en países donde los sistemas policiales y jurídicos no impiden que esos crímenes contra los derechos humanos sucedan.
Las relaciones erótico-afectivas consensuadas entre personas del mismo sexo están penalizadas en 38 de los 54 países africanos. En este sentido, el informe de Amnistía Internacional nos avisa del doble peligro que esto supone, pues, por un lado, la existencia de estas leyes que criminalizan a un grupo de gente en base a quiénes son o con quiénes mantienen relaciones erótico-afectivas disminuye la calidad de vida (cuando no atenta directamente contra la vida misma) de estas personas, y, por otro, la existencia de estas leyes manda un mensaje muy claro al resto de la población, el de que la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género es aceptable, y que los derechos humanos no se aplican a la población LGBTI. Esto crea un ambiente en el que el acoso, la intimidación y la violencia contra la población LGBTI pueden prosperar y se pueden perpetrar tales actos con impunidad.
No es extraño, por tanto, que los dos ejes que estructuren el informe sean el de las violaciones de los derechos humanos cometidas por actores estatales (arrestos arbitrarios, abusos policiales, atentados contra la libertad de expresión y de reunión…) y las cometidas por actores no estatales (violencia, acoso, el rol de los medios, el rol de la religión…).
El informe de Amnistía Internacional, después de valorar la situación jurídica y social de las personas LGBTI en el África Subsahariana, recomienda lo siguiente:
- Que los Estados rechacen todas las leyes que criminalicen o impongan sanciones punitivas a las conductas sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, junto con todas las leyes y políticas que afecten adversamente o tengan por blanco a las personas LGBTI.
- Que las denuncias de violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género sean inmediata e imparcialmente investigadas por las autoridades competentes, y que los perpetradores rindan cuentas y sean llevados ante la justicia.
- Que los Estados presenten formación continua en diversidad y derechos humanos que incluyan los derechos de las personas LGBTI a los profesionales sanitarios y jurídicos, así como a la policía, los medios y los trabajadores educativos.
Finalmente, el informe concluye, a modo de balance, que los gobiernos de la mayoría de los países del África Subsahariana no están cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del derecho regional e internacional de derechos humanos.
Una vez analizado el contenido del informe presentado por Amnistía Internacional, tema de este artículo, me gustaría señalar una falta clamorosa en el seno del informe en sí. Es absolutamente inaceptable que un informe, en este caso de Amnistía Internacional, con la repercusión e importancia que tiene esta ONG, que trata sobre la situación jurídica y social de las personas lesbianas, gays y bisexuales, pero también, y en no poca medida, transexuales e intersexuales, como el propio informe pone de manifiesto en no pocas ocasiones, en los países del África Subsahariana lleve por título “Haciendo del amor un crimen”, porque el amor nada tiene que ver con la transexualidad o con la intersexualidad, y responde más bien a una idea simplista, y, por lo demás, desacertada, de reducir toda esta variedad de comportamientos, subjetividades e identidades que reflejan las siglas LGBTI (que serían, por otro lado, también muy criticables en el contexto africano) y encuadrarlas dentro de la categoría de “lo homosexual”.
Cuando se ejerce cualquier tipo de violencia, institucional, verbal y/o física, contra una persona transexual o travesti, no se agrede a esa persona por practicar un tipo de amor o de comportamiento erótico-afectivo penalizado por el aparato heteronormativo, sino por subvertir o alterar las normas de sexo-género, que es totalmente distinto.Así pues, el hecho de mezclar toda esta diversidad de comportamientos, subjetividades, identidades, deseos, placeres y cuerpos en un mismo término (o, en este caso, en un título que hace referencia exclusiva a la homosexualidad) denota una carencia de las herramientas conceptuales y metodológicas básicas necesarias para manejar estas cuestiones, lo cual es inadmisible en los niveles que estamos tratando. Academia y activismo deberían estar más próximos de lo que, por desgracia, están.
