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Wikipedia y Jurist
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Los juristas Anneke Meerkotter del Centro de Litigios de África Meridional y Graeme Reid de Human Rights Watch comentan cómo recientes sentencias en Bostuana, Kenia y Zambia muestran avances significativos en materia de derechos humanos en general y en los derechos de las personas LGBT en particular.

En los últimos ocho meses, tres decisiones de cortes africanas: en Botsuana, Kenia y Zambia, han hecho prevalecer las libertades básicas frente a leyes discriminatorias y prejuicios populares. Estos casos representan un progreso significativo en los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) y tienen implicaciones más amplias en cuanto a las obligaciones de los países a respetar los derechos básicos para los grupos marginados o impopulares.

Bostuana es uno de los 36 países en África que prohibe la conducta sexual entre personas del mismo-sexo. En febrero de 2012, activistas en Bostuana solicitaron al Gobierno registrar su organización: Lesbianas, Gais y Bisexuales de Bostuana (LEGABIBO). El Registro rechazó su solicitud alegando que la Constitución de Bostuana no reconoce a los homosexuales y que su registro contravendría la Ley de Sociedades, porque este grupo pretende operar con un "propósito ilegal u otro propósito perjudicial o incompatible con la paz, el bienestar o el buen orden en Bostuana”.

Pero más de dos años más tarde, en noviembre de 2014, la persistencia de LEGABIBO valió la pena cuando la Corte Suprema Botsuana sostuvo que la negativa a registrar el grupo era una violación de los derechos de los solicitantes que tienen el mismo derecho de protección de las leyes y a las libertades de expresión, asociación y reunión que el resto de personas. Esta decisión fue especialmente significativa ya que la corte hizo hincapié en que las leyes que prohíben actos sexuales de personas del mismo sexo no criminalizan la homosexualidad per se. Ni tampoco criminalizan la defensa de la reforma de estas leyes.

La corte afirmó que las personas gais, lesbianas y bisexuales tienen los mismos derechos que cualquier persona, independientemente de las leyes que penalizan la conducta homosexual consentida. En otras palabras la corte dibujó una línea clara entre identidad (que es una persona) y la práctica (lo que hace una persona). Esto es muy significativo porque ayuda a proteger la capacidad de los grupos a organizarse en torno a los derechos de las personas LGBT. El procurador general apeló la decisión y la materia se escuchará ante el Tribunal de Apelaciones finales de este año.

El Tribunal Superior de Kenia dictó una sentencia similar en abril. La Junta de coordinación de las ONG, un organismo del gobierno, se había negado a registrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas por razones morales y porque supuestamente la organización pretende promover actos ilegales. Los tres jueces rechazaron las subjetivas convicciones morales y defendieron el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y el imperio de la ley: "No importa cuan fuertes puedan ser  las creencias morales y religiosas, no pueden ser una base para limitar los derechos".

La sentencia utiliza un tono similar en el caso de Bostuana, destacando que el Código Penal no criminaliza la homosexualidad, o el ser homosexual, sólo ciertos actos sexuales contra la orden de la naturaleza, y que el Código Penal no criminaliza el derecho de asociación de personas basándose en su orientación sexual. La sentencia señalaba que "una interpretación de la no discriminación que excluyese a personas por su orientación sexual estaría en conflicto con los principios de dignidad, inclusión, igualdad, derechos humanos y no discriminación”.

En el tercer caso, en mayo, el Tribunal Superior de Zambia confirmó la absolución de un activista de derechos humanos, Paul Kasonkomona, que en abril de 2013 expresó su opinión - en un canal de televisión privada -, acerca de que los derechos de las minorías sexuales, incluyendo personas LGBT y trabajadores del sexo, deberían reconocerse. Fue detenido a la salida del estudio de televisión y acusado en virtud de una oscura y arcaica disposición del Código Penal que considera ilegal "hacer solicitudes con propósitos inmorales" en un lugar público.

Kasonkomona fue absuelto por el Juzgado de instrucción, donde el magistrado sostuvo que el "acusado ejercía su libertad de expresión" como esta previsto en la Constitución de Zambia. "Lo que oí", dijo el magistrado, "fue que él estaba abogando por la protección de los derechos de quienes ya practican la homosexualidad." El planteó una pregunta retórica sobre si una persona que abogaba por la abolición de la pena de muerte se podría considerar que estaba haciendo una solicitud con propositos inmorales. Y el mismo se respondió, “la respuesta es no".

El Gobierno apeló la absolución, pero el 15 de mayo, el Alto Tribunal confirmó la absolución de Kasonkomona y reiteró la decisión del magistrado, que distingue entre pedir a alguien que participe en relaciones sexuales homosexuales lo cuál es un delito criminal en Zambia, y la defensa de derechos de las personas.

Los tres casos contrastan con un juicio visto por el Tribunal superior de Uganda en julio de 2014, en el que un juez falló en contra de cuatro activistas que habían demandado al Ministro de Etica e Integridad, Simon Lokodo, por su falta de ética e integridad al cerrar un taller en defensa de los derechos LGBT en febrero de 2012. El juez dictaminó que los participantes del taller  estaban "promocionando" o "incitando" a actos homosexuales, en un fallo que fue aún más lejos al sugerir que incluso repartir preservativos a  hombres gais y bisexuales equivaldría a una “promoción directa o indirecta de las prácticas homosexuales".

Cada caso gira en torno a los derechos fundamentales de una minoría marginada e impopular. Los principios subyacentes que se han afirmado en estas tres recientes sentencias se aplican más ampliamente. Las libertades de expresión y de asociación son derechos fundamentales previstos en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Demasiado a menudo, los defensores africanos de derechos humanos son silenciados por leyes penales que son demasiado vagas o arbitrarias

Es esencial para proteger los derechos humanos en general y los derechos LGBT, en particular asegurar que los derechos a la libertad de expresión y asociación están protegidos en la legislación y las constituciones nacionales y no erosionados a través de demandas por motivos políticos o por la amenaza de demandas. Es alentador ver casos en que las libertades de asociación y de expresión han superado las leyes arcaicas y los prejuicios populares. Estas sentencias muestran que la justicia puede prevalecer donde el poder judicial es independiente y capaz de cumplir su mandato constitucional de proteger los derechos humanos.

Anneke Meerkotter es abogada y Directora del Southern Africa Litigation Centre (SALC). Ella era previamente la abogada del SALC para el programa LGBT y de Trabajo Sexual. Ha trabajado en varios casos importantes relativos a los derechos LGBT en África meridional. Graeme Reid es el Director del Programa de Derechos LGBT de HRW. Es un experto en homosexualidad y director fundador del Gay and Lesbian Archives of South Africa.

Traducción propia para ÁfricaLGBT gracias a uno de nuestros voluntarios. Puedes leer el idioma original en el enlace adjunto. Foto Wikipedia y Jurist.

https://www.hrw.org/news/2015/08/05/africa-rulings-move-lgbt-rights-forward  

http://jurist.org/hotline/2015/08/meerkotter-reid-no-fault.php

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