En Julio de 2015 El Consorcio (The Consortium on Monitoring Violations Based on Sex Determination, Gender Identity and Sexual Orientation), un conglomerado de organizaciones[1] activistas provenientes de Uganda publicó un informe acerca de las violaciones de derechos humanos a personas Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersex en este mismo país durante el año 2014. El objetivo principal de la creación de esta sinergia es reunir datos con el fin de crear informes periódicos que esclarezcan la situación de las personas LGBTI en Uganda a través de la publicación de casos reales.
Pese a la eliminación de la mediática ley Anti-gay de 2014 por cuestiones procesales la situación legal para las personas LGBTI no mejoró notablemente, ya que la criminalización de las relaciones homosexuales, siguen vigentes en el Código Penal, pese a estar en directa contradicción con la Constitución, así como con la Carta de la Unión Africana. No obstante, esta derogación elimina las provisiones que criminalizaban la orientación sexual y la labor activista. Además, es considerado un paso muy relevante en la lucha por la protección y promoción de los derechos humanos en Uganda.
En cuanto a la situación social y política, según este informe, gracias a la derogación de la ley, las personas LGBTI ya no son el principal foco de ira social, sin embargo la discriminación y violencia sufrida permanece, por lo que la emigración ha aumentado en búsqueda de asilo fuera de las fronteras de Uganda. Por otro lado, una de las consecuencias positivas es la creación de nuevos grupos activistas que establecen espacios en los que examinar la situación de las personas LGBTI de manera segura y mantener vivo el debate social y político.
Este segundo informe del Consorcio se centra en violaciones de derechos basados en la identidad de género y la orientación sexual debido a la falta de información o documentación a causa del estigma social existente en Uganda en cuanto a la homosexualidad. También incluye un análisis de las implicaciones de estas violaciones, así como recomendaciones a actores clave, afirmando una correlación directa entre la creación de la ley Anti-gay y la agravación de la situación vivida por las personas LGBTI en un amplio número de frentes, no sólo el ámbito legal.
Los casos están divididos acorde al actor que las cometió: actores del estado (como el cuerpo de policía y la oficina del Primer Ministro), y actores no gubernamentales (como caseros, pandillas o multitudes, empresarios, familias, personal sanitario, y medios de comunicación).
Las principales conclusiones confirman que el número de casos en 2014 son 89, 47 de ellos por actores gubernamentales. La mayor parte están perpetrados por la policía, aun así acontecieron casos en los que las fuerzas del estado defendieron los derechos de las personas LGBTI. Como ya se ha mencionado previamente la creación de la ley Anti-gay aumentó el número de abusos.
En concreto las personas transexuales eran encarceladas de manera discriminatoria en celdas del género opuesto, para su humillación, asimismo las personas LGBT fueron sometidas a exámenes médicos y no fue respetado su derecho a la privacidad ya que los resultados se hicieron públicos en medios de comunicación, algo que debido a la “justicia social” ejercida en Uganda pone en grave peligro a las personas LGBTI. Esto promovió la discriminación a distintos niveles sociales, llegando a suceder en el seno de la familia.
La situación de inestabilidad social promovió confrontaciones de manera individual al margen de la ley. 14 de los incidentes sufridos durante el año 2014 fueron fruto de grupos de personas, usualmente desconocidas a la víctima, que abusan física o verbalmente de personas LGBTI, creando una situación de miedo constante.
La realidad de esta inquietud se acrecentó con la creación de la ley Anti-gay, ya que la principal conclusión es que legitimó las actuaciones discriminatorias de los actores gubernamentales contra unas personas que ya son marginalizadas por la sociedad civil, pese al hecho de que durante el tiempo de vigencia ninguna persona fue arrestada y enjuiciada por esta ley.
Artículo original en inglés aquí.
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