31 organizaciones internacionales y locales firman una carta pidiendo que se haga justicia
El 13 de junio de 2016, 31 organizaciones (locales, africanas [Kenia y Sudáfrica] e internacionales) han firmado una carta dirigida al inspector general de la policía de Uganda, Kayihura, pidiendo una respuesta adecuada por la limitada actuación de la policía en una serie de irrupciones y ataques que comenzaron en septiembre de 2012 y que tienen como objetivo las oficinas de diversas organizaciones de Derechos Humanos en Uganda. Estas irrupciones parecen tener un patrón sistémico, ya que en total son más de dos docenas de ataques en Uganda.
Estos ataques continúan hasta hoy en día. En julio de 2014 hubo irrupciones en las organizaciones de Human-Rights Network-Uganda, Anti-Corruption Coalition Uganda, Uganda Land Alliance, Action Group for Health,Human Rights and HIV/AIDS y Lira NGO Forum. Estas organizaciones son conocidas por su trabajo en asuntos sensibles como corrupción, derechos de la tierra, libertad de expresión, derechos del colectivo LGBT y, además, también son conocidas por sus críticas al gobierno. Las investigaciones por parte de las Fuerzas de Policía de Uganda no son llevadas a cabo de manera robusta, puesto que parece que la policía no está determinada a identificar y ajusticiar a los perpetradores, ya que, a excepción del caso ocurrido en septiembre de 2012, donde hubo un enjuiciamiento, no se ha vuelto a identificar y enjuiciar a ningún perpetrador. En la carta indican que los esfuerzos de la policía para recoger declaraciones de testigos, muestras de ADN y grabaciones de seguridad de circuito cerrado han sido limitados.
Aunque el inspector general de policía formó un comité de ocho oficiales para investigar las irrupciones de julio de 2014, los perpetradores han salido impunes. Además, en la carta presentan su preocupación acerca de la actuación de la policía en cuanto a las investigaciones y las declaraciones públicas.
En julio de 2015 ocurrió otro ataque en la oficina de Uganda Land Alliance donde el guardia de seguridad, Richard Oketch, fue asesinado y nadie fue arrestado por ello.
Recientemente, entre mayo y abril de este año, ha habido tres ataques: el 10 de abril, un visitante en Human Rights Network for Journalists-Uganda (HRNJ-Uganda) ofreció un plato de comida con sedantes al guardia de seguridad. Una vez este se desmayó, cuatro hombres entraron a registrar la oficina, como se pudo comprobar a través de los circuitos cerrados de televisión.
El 24 de mayo entraron intrusos en la oficina de Forum for African Women Educationists (FAWE), una organización que promueve la igualdad de género y la igualdad en la educación. En la oficina robaron un servidor, un portátil, ordenadores fijos, cámaras y proyectores.
El 22 de mayo hubo un ataque en la organización Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), una organización que provee apoyo legal a las personas LGBT. Los asaltantes mataron a golpes al guardia de seguridad, Emmanuel Arituha, y saquearon las oficinas del director y del subdirector para robar documentos y una pantalla de televisión, pero no se llevaron otros objetos de valor.
Como podemos ver en los casos anteriormente mencionados, el objetivo de estas irrupciones parece ser el robo de documentos, datos electrónicos e información sensible y confidencial, ya que otros objetos de valor electrónicos no han sido tocados.
En la carta hacen referencia a la Declaración de Defensores de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (1998), donde se especifica que los Estados tienen el deber de proteger a los defensores de los Derechos Humanos “contra cualquier violencia, amenaza, represalia, de facto o de iure contra la discriminación, presión o cualquier otra acción arbitraria”. Además, indican que “los Estados deben prevenir las violaciones de los derechos de los defensores bajo su jurisdicción tomando medidas legales, judiciales, administrativas y de otros tipos para asegurar el disfrute pleno por los defensores de sus derechos; investigar las presuntas violaciones, enjuiciar a los presuntos perpetradores y proveer a los defensores con recursos y reparación” (A/65/223, párrafo 34). Por último, señalan que la impunidad de los perpetradores da el mensaje de que estos ataques son condonados y tolerados por las autoridades.
Adrian Jjuuko, director ejecutivo de HRAPF (organización atacada el 22 de mayo de 2016) declaró que “los defensores de los derechos humanos ya trabajan en un ambiente desafiante y, a veces, represivo en Uganda. Estamos determinados a continuar nuestro trabajo por el bien de los ciudadanos de Uganda, pero necesitamos que la policía pare de ignorar estas amenazas a nuestra propiedad, nuestra seguridad física e incluso nuestras vidas”.
Fuentes:
- “Human Rights Watch, Amnesty Int, HRAPF and 28 others NGOs issue letter in CSO break-ins” [online].Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPH), 13 de junio de 2016. Disponible en:http://hrapf.org/human-rights-watch-issues-press-release-on-hrapf-break-in/ [Consultado: 15/06/2016]
- “Uganda: Letter from 31 ugandan and international organizations” [online]. Amnesty International, 13 de junio de 2016. Disponible en: https://www.amnesty.org/en/documents/afr59/4248/2016/en/ [Consultado: 15/06/2016]
- “Uganda: Investigate Break-ins at Groups’ Offices” [online]. Human Rights Watch, 13 de junio de 2016.Disponible en: https://www.hrw.org/news/2016/06/13/uganda-investigate-break-ins-groups-offices [Consultado: 15/06/2016]
